Repensando la Constitución Española

El documento «Repensar la constitución.pdf» presenta un análisis exhaustivo de la Constitución Española de 1978, proponiendo reformas en diferentes áreas. Se examinan los derechos fundamentales desde una perspectiva multinivel, considerando la interacción entre el derecho internacional, europeo y nacional. Además, se analizan la Monarquía Parlamentaria, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, sugiriendo modificaciones para mejorar su funcionamiento y legitimidad. Finalmente, se estudia la financiación autonómica, proponiendo una reforma para solucionar sus insuficiencias.

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Documento resumen

Análisis de «repensar la constitución.pdf»

Introducción

Este documento presenta un análisis exhaustivo de los principales temas e ideas contenidas en el documento «repensar la constitución.pdf», el cual aborda la necesidad de reformar la Constitución Española en varios ámbitos clave. El documento se enfoca en la complejidad del sistema multinivel de derechos, las deficiencias del modelo territorial, la necesidad de actualizar el poder judicial y la financiación autonómica, entre otros temas.

1. El Enfoque Multinivel de los Derechos Fundamentales

• Complejidad del Sistema Jurídico: El documento destaca que los derechos fundamentales se encuentran imbricados en un sistema multinivel, influenciado por el Derecho Internacional, el Derecho de la Unión Europea, y las regulaciones nacionales y autonómicas. Esta complejidad exige una interpretación sistemática y pertinente del Derecho para dar respuestas coherentes y evitar lagunas o antinomias.
• Cita relevante: «Con ello, hoy en día, abordar jurídicamente cualquier tema relacionado con derechos fundamentales, obliga a situarlos en una perspectiva multinivel, ya que el conjunto de normas que inciden en cada uno de ellos deriva de sistemas jurídicos de distinto origen, pero que se subsumen y entrecruzan…»
• Influencia del Derecho Europeo e Internacional: Se reconoce la fuerte influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el Derecho interno español. Se mencionan leyes significativas como la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica, la Ley de Medidas contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, que reflejan esta influencia.
• Cita relevante: «Concretamente, en España, el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
• Crítica a la Toma de Decisiones en la UE: Se critica el modo en que se adoptan ciertas decisiones en la Unión Europea, especialmente las relacionadas con el control del déficit, que se llevan a cabo mediante acuerdos intergubernamentales sin la debida participación del Parlamento Europeo, afectando a los derechos de los ciudadanos y limitando los presupuestos públicos.
• Necesidad de Constitucionalizar Reenvíos: Se propone la necesidad de constitucionalizar los reenvíos entre los distintos niveles normativos que regulan los derechos, incluyendo las regulaciones de las Comunidades Autónomas, para evitar la desnaturalización del nivel de protección adecuado para cada derecho fundamental.
• La Reserva de Ley y el Principio de Proporcionalidad: Se subraya la importancia de la reserva de ley en la regulación de los derechos, evitando injerencias del Poder Ejecutivo y Judicial sin autorización legal. El principio de proporcionalidad se destaca como un instrumento esencial para el control de las limitaciones a los derechos fundamentales.
• Cita relevante: «En definitiva, el Legislador puede imponer límites a los derechos en la medida en que estén justificados para la protección de otros derechos o bienes constitucionales y sean proporcionados al fin perseguido…»
• Protección de Datos Personales: Se sugiere incorporar constitucionalmente el derecho a la autodeterminación informativa, reconociendo la capacidad del individuo para decidir qué información sobre su vida revelar, así como el control sobre el uso y la difusión de sus datos personales.

2. El Modelo Territorial y los Estatutos de Autonomía

• Estatutos como Normas Institucionales Básicas: Los Estatutos de Autonomía se reconocen como «normas institucionales básicas» de las Comunidades Autónomas, que forman parte del «bloque de la constitucionalidad».
• Derechos Estatutarios: Se plantea la discusión sobre si los Estatutos pueden establecer derechos fundamentales, concluyendo que no pueden equipararse a los de la Constitución, sino que generan una nueva categoría: los derechos estatutarios, diferenciables de los derechos fundamentales.
• Desarrollo de Competencias: Se resalta que los Estatutos pueden desarrollar los derechos de los ciudadanos a través de sus competencias, reconociendo la heterogeneidad en la regulación de derechos.
• Cita relevante: «El principal problema a resolver es determinar si los Estatutos de Autonomía pueden establecer derechos fundamentales que supondría equipar su articulación con lo regulado por la Constitución…»
• La Prohibición de Defecto de Protección: Se introduce la idea de la prohibición de defecto de protección, como un complemento al principio de proporcionalidad, buscando asegurar un nivel mínimo de protección de los derechos por parte del Estado.

3. El Tribunal Constitucional (TC) y la Cuestión de Inconstitucionalidad

• Críticas al TC: Se expresan críticas hacia el funcionamiento del Tribunal Constitucional, especialmente en cuanto a la politización de la selección de magistrados, los tiempos de resolución de causas, y la tendencia a generar doctrina en detrimento de su función jurisdiccional. Se señala también que el TC se ha alejado de la relevancia social.
• Propuestas de Reforma: Se proponen varias reformas, como la ampliación del mandato de los magistrados, endurecimiento de las condiciones de acceso, establecer plazos máximos para las sentencias y atribuir el amparo a la jurisdicción ordinaria.
• Cita relevante: «Existen, con todo, tres aspectos que tomados en conjunto debilitan el valor y sentido del Tribunal como órgano constitucional llamado a contribuir en la definición de la forma de Estado. Me refiero al reparto de cuotas como mecanismo de facto para la selección de magistrados, a la falta de criterios a la hora de marcar el tiempo de resolución de las causas y a las reformas legislativas que potencian la dimensión del Tribunal como generador de doctrina en detrimento de su función jurisdiccional.»
• Legitimación de las CCAA: Se aboga por la eliminación de las limitaciones a la legitimación de los órganos autonómicos para recurrir al TC.
• Función Jurisdiccional del TC: Se define la labor del TC como la de garantizar la validez de la ley, determinar si ha existido vulneración de la Constitución y concretar el significado de las disposiciones normativas.
• Efectos de las Decisiones: Se sugiere que el TC module los efectos de sus decisiones, reconozca su potestad para ordenar las medidas necesarias para garantizar la plena satisfacción de situaciones jurídicas subjetivas y actúe de oficio ante vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Las Cortes Generales y el Senado

• Función Financiera de las Cámaras: Se destaca la función financiera de las Cortes Generales, que va más allá de la aprobación de los presupuestos e incluye la regulación de recursos y servicios esenciales, así como la supervisión del Tribunal de Cuentas.
• Independencia de los Órganos de Control: Se señala la necesidad de garantizar la independencia de los órganos de control de diversos sectores, como el mercado de valores y las comunicaciones, mediante la participación de las Cámaras en la designación de sus miembros.
• El Senado como Problema Recurrente: El texto plantea una crítica al papel del Senado como cámara de representación territorial, con el mismo problema que el Tribunal de Cuentas, pues se debate su utilidad.

5. El Tribunal de Cuentas y el Control de Cuentas

• Superposición de Controles: Se destaca la superposición de controles externos sobre el sector público, con la intervención del Tribunal de Cuentas, los órganos de control autonómicos (OCEX) y el Tribunal de Cuentas Europeo.
• Independencia de las Instituciones: Se recalca la importancia de la independencia de las instituciones de control de cuentas y se propone perfeccionar la independencia del Tribunal de Cuentas y de los OCEXs.
• Modelo Dual de Control: Se analiza el modelo dual de control de cuentas, como el de EE.UU. o Alemania, donde cada entidad territorial tiene su propia entidad fiscalizadora, con independencia entre ellas.
• Tribunal de Cuentas como Órgano del Estado Comunidad: Se propone configurar el Tribunal de Cuentas como un órgano del Estado-Comunidad, sensible a los intereses de las Comunidades Autónomas.
• Necesidad de Prudencia en la Reforma: Se insta a la prudencia en la reforma del control de cuentas, argumentando que algunas soluciones encajan mal en el sistema actual.

6. El Poder Judicial y su Configuración Constitucional

• Independencia Judicial: El documento reconoce que la configuración del Poder Judicial está marcada por la necesidad de garantizar su independencia, con la creación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
• Inadecuación del Modelo Territorial: Se critica la inadecuación del marco constitucional para integrar una descentralización territorial de la administración de justicia.
• Principio de Unidad Jurisdiccional: Se analiza el principio de unidad jurisdiccional, criticando su aplicación en el sentido de limitar la incidencia del factor autonómico en la justicia. Se argumenta que dicho principio debe entenderse como la prohibición de la multiplicidad de jurisdicciones especiales.
• Cita relevante: «Pero es que, por otra parte, el principio de unidad en España ha sido tradicionalmente entendido desde su formulación en el texto constitucional en un sentido casi podríamos decir único: la prohibición o fuerte limitación de toda incidencia del factor autonómico en el ámbito de la justicia.»
• Colaboración Internormativa: Se presenta la teoría de la validez con eficacia diferida de la norma estatutaria en relación con la justicia, lo que implica que los estatutos pueden proponer opciones que requieran la aceptación de la LOPJ para ser eficaces.
• El CGPJ como Órgano de Gobierno: Se explica la función del CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial, encargado de decisiones clave sobre jueces y magistrados.

7. La Financiación Autonómica y su Reforma

• Insuficiencia del Modelo Actual: Se afirma que la regulación de la financiación autonómica en la Constitución de 1978 es insuficiente, y se califica como la cuestión peor resuelta del Estado autonómico.
• Autonomía Financiera: Se defiende la autonomía financiera como un elemento esencial de la autonomía política, y se critica la preponderancia estatal en la toma de decisiones sobre financiación.
• Cita relevante: «No puede haber autonomía política sin autonomía financiera, esto es, sin capacidad de decisión sobre los ingresos y sin autonomía en relación al gasto.»
• LOFCA y Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera: Se describe la función de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, señalando la falta de garantía jurídica de los acuerdos.
• Límites de los Estatutos: Se señala la limitación de los Estatutos para configurar el modelo de financiación por su carácter bilateral y eficacia territorial limitada.
• Necesidad de Constitucionalización Federal: Se aboga por la constitucionalización federal del modelo de financiación, garantizando la participación territorial en la toma de decisiones.
• Poder Tributario Originario de las CCAA: Se propone reconocer el poder tributario originario de las Comunidades Autónomas, al igual que el del Estado, eliminando la distinción entre poder tributario originario y derivado.
• Cita relevante: «Por ello, el art. 133.1 CE debería decir que la potestad de establecer tributos corresponde a la Federación y a las Comunidades.»
• Concreción de Recursos y Mecanismos de Nivelación: Se destaca la necesidad de concretar las fuentes de recursos de las Comunidades Autónomas, así como los mecanismos de nivelación para garantizar la solidaridad interterritorial.
• Impuestos Cedidos y Propios: Se propone incluir en la Constitución un listado de impuestos cedidos total o parcialmente a las Comunidades Autónomas, así como reconocer su capacidad para crear nuevos impuestos.
• Participación en la Gestión y Recaudación: Se subraya la importancia de que los territorios participen en la gestión y recaudación de los grandes impuestos (IRPF, IVA), para reducir la dependencia de las transferencias del Estado.
• Límites a la Doble Imposición: Se propone concretar desde la Constitución los límites derivados de la doble imposición, ampliando la capacidad de actuación tributaria de los territorios.
• Limitaciones a la nivelación: Se discute el alcance de la nivelación y se sugiere limitar la nivelación a los servicios públicos fundamentales.

8. La Reforma de la Constitución

• Necesidad de Reforma: Se subraya la necesidad de reformar la Constitución, aunque se reconoce que existe cierta oposición política a esta reforma.
• Problemas en el Tribunal Constitucional: Se destaca que a pesar de los elementos positivos del TC, existen problemas que ensombrecen su labor.
• Falta de seriedad con la Constitución: Se lamenta la falta de seriedad con la que la clase política se ha tomado la Constitución.
• Cita relevante: «Nadie consideró necesario incluir en la Constitución estas previsiones, porque –lo digo con preocupación y con tristeza– la clase política, y en definitiva la sociedad de la que es reflejo, no se ha tomado en serio la Constitución.»

Conclusión

El documento «repensar la constitución.pdf» presenta una crítica constructiva y exhaustiva al sistema constitucional español. Aborda una amplia gama de temas, desde los derechos fundamentales hasta la financiación autonómica, proponiendo una serie de reformas que apuntan hacia un modelo más federal, más transparente y más acorde con las demandas de la sociedad actual. Este documento destaca la complejidad del actual sistema constitucional y la necesidad de una revisión profunda para superar sus deficiencias.

Preguntas frecuentes

Preguntas Frecuentes sobre la Reforma Constitucional en España

1. ¿Cuál es la importancia del enfoque multinivel en el estudio de los derechos fundamentales? El enfoque multinivel es crucial porque los derechos fundamentales se ven afectados por normas de distintos orígenes: derecho internacional (bilateral y multilateral), derecho europeo y derecho interno, incluyendo las regulaciones de las Comunidades Autónomas. Estas normas se entrecruzan y se influyen mutuamente, requiriendo un análisis que considere todos estos niveles para asegurar una protección adecuada de los derechos.
2. ¿Qué papel juegan los Estatutos de Autonomía en la configuración de derechos y cómo se diferencian de los derechos fundamentales constitucionales? Los Estatutos de Autonomía, aunque son normas secundarias, pueden desarrollar los títulos competenciales en derechos subjetivos para los ciudadanos. Sin embargo, no pueden establecer derechos fundamentales originarios con la misma fuerza que la Constitución. Los derechos que emanan de los estatutos se consideran derechos estatutarios, que tienen una estructura y consecuencias diferenciables de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, aunque pueden complementar su protección.
3. ¿Cómo se aplica el principio de proporcionalidad en el control de las limitaciones de derechos fundamentales? El principio de proporcionalidad es esencial para controlar las limitaciones a los derechos fundamentales. Según este principio, cualquier restricción debe ser adecuada, necesaria y racional en relación con el fin perseguido por el legislador. Si la restricción no cumple estos criterios, se declara inconstitucional. El Tribunal Constitucional evalúa si la medida es idónea para el fin, si no existe otra forma menos gravosa de alcanzar ese fin y si la carga que impone al derecho fundamental es racional.
4. ¿Qué se propone con respecto al control de datos personales en la reforma constitucional? Se propone constitucionalizar el derecho a la autodeterminación informativa, que otorga al individuo la capacidad de decidir qué información revelar sobre su propia vida. Esto implica el derecho a acceder, controlar y rectificar los datos personales, así como la necesidad de un consentimiento previo para su recogida y procesamiento. Además, se sugiere que una autoridad independiente supervise el cumplimiento de las normas de protección de datos personales.
5. ¿Qué funciones se atribuyen a las Cortes Generales, más allá de la aprobación de presupuestos, en el ámbito financiero? Además de aprobar los presupuestos, las Cortes Generales tienen funciones financieras que incluyen la reserva de recursos y servicios esenciales al sector público mediante ley, así como la regulación de diversas materias económicas. También tienen control sobre el Tribunal de Cuentas y la autorización para emitir deuda pública o contraer crédito. Estas funciones son cruciales en un contexto de crisis financiera y requieren un análisis profundo para asegurar su eficacia.
6. ¿Cómo se relaciona el Tribunal de Cuentas con los órganos de control externos de las Comunidades Autónomas (OCEX) y qué reformas se proponen? El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador del Estado y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, incluyendo las Comunidades Autónomas. Los OCEX coexisten con el Tribunal de Cuentas, ejerciendo controles paralelos. La reforma propone que la relación entre ambos se defina por ley, reconociendo la autonomía de los OCEX, especialmente en aquellas Comunidades con mayor autonomía financiera. Se plantea que el Tribunal de Cuentas conserve atribuciones en caso de que algunas CCAA no deseen crear un OCEX. Se considera además que los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser sensibles a los intereses de las CCAA.
7. ¿Qué se plantea sobre la composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional en la reforma? Se proponen diversas reformas para fortalecer la función del Tribunal Constitucional. Estas incluyen eliminar las limitaciones de legitimación de órganos autonómicos, constitucionalizar los reenvíos de normativas, permitir al Tribunal modular los efectos de sus decisiones e incluir el deber de actuar de oficio ante vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, se busca un sistema de nombramientos que impida el reparto por cuotas, establecer plazos máximos para sentencias y se plantea la necesidad de un proceso de selección más transparente y menos politizado.
8. ¿Cómo se plantea abordar el tema de la financiación autonómica en la reforma constitucional? La reforma propone una visión federal de la financiación autonómica, que requiere la constitucionalización del modelo para que no sea decidido unilateralmente por el Estado. Esto implica reconocer a las Comunidades Autónomas una potestad tributaria originaria, y la participación territorial en la toma de decisiones sobre financiación. Además, se plantea definir en la Constitución los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial, así como la participación de las CCAA en la gestión de grandes impuestos. Se propone también una cámara de representación territorial para legislar sobre estos temas.

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